19/12/24
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, y el coordinador de Área Pública de CCOO, Luciano Palazzo, firmaron ayer miércoles un acuerdo por el que pactan recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos. El compromiso alcanzado se concretará modificando el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
La jubilación parcial es una modalidad de retiro que permite compatibilizar un desempeño laboral a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión, y que se puede vincular con un relevo desempeñado por otro trabajador.
“Con este acuerdo recuperamos un derecho suprimido con las medidas de ajuste y austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en el año 2012, al tiempo que eliminamos una asimetría injustificada con los trabajadores del sector privado. Se trata, además, de fomentar la transferencia de conocimiento en el sector público entre los trabajadores más veteranos y las nuevas generaciones”, ha valorado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la firma del acuerdo.
La posibilidad de la jubilación parcial de los funcionarios, prevista en el artículo 67 del TREBEP, fue suprimida como parte de las medidas de ajuste y austeridad. Con este acuerdo se da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con los mismos sindicatos en 2022. Reincorporar esta figura al sector público permitirá, como en el privado, facilitar la transición entre la vida activa y el retiro y garantizar la transferencia de conocimientos entre generaciones.
El acuerdo prevé que la jubilación parcial en el sector público se adecúe a lo establecido “en la legislación de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con las adaptaciones normativas precisas”; en este sentido, la referencia es el nuevo marco regulador de la jubilación parcial pactado en la Mesa de Diálogo Social por el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CCOO el pasado 31 de julio de 2024.
Importancia del acuerdo
Hasta ahora, el personal funcionario y estatutario era el único colectivo de personas trabajadoras en España que no podía acceder a la jubilación parcial, a pesar de cotizar igual que el resto. Este acuerdo corrige una injusticia histórica, según los sindicatos, derivada de los recortes aprobados en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y amplía las opciones de jubilación de estos trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán decidir cómo desvincularse de la Administración Pública en función de su edad y de sus circunstancias personales.
Además, el acuerdo supone un paso adelante para lograr una Administración preparada para los nuevos desafíos, pues impulsa el relevo generacional, permitiendo la entrada de personal joven en empleos públicos estables y de calidad y, al tiempo, valora la experiencia de los trabajadores y trabajadoras mayores, quienes podrán transmitir sus conocimientos al personal relevista que les sustituya, según apuntan los representantes de las organizaciones sociales.
Un aspecto destacado del acuerdo es que el o la relevista que sustituya a quien se jubile parcialmente será siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo. Las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales estarán garantizadas en las Ofertas de Empleo Público del mismo año. Este aspecto ayudará a reducir la precariedad en las Administraciones y evitará que se generen nuevas bolsas de temporalidad injustificadas.
Para quién es este acuerdo
El acuerdo afecta a las y los funcionarios de todas las Administraciones Públicas (Régimen General de la Seguridad Social y Clases Pasivas) y al personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud. El personal laboral de las Administraciones Públicas no se incluye en este acuerdo porque ya podía acogerse a la jubilación parcial, siempre que estuviera negociada en su convenio colectivo.
¿Cuándo será una realidad?
Ahora corresponde al Gobierno impulsar, con agilidad, las modificaciones normativas necesarias para que el acuerdo se haga realidad. El compromiso con el Gobierno es que estas reformas se tramiten “a la mayor brevedad” posible, según recoge literalmente el texto firmado por el Ejecutivo y las dos organizaciones sindicales.
Las leyes que cambiarán son:
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