El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes, 11 de julio, el real decreto para la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2023, que incluye el mayor número de plazas ofertadas para trabajar en la Administración del Estado de la historia.

En total, según ha trasladado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ofertan 39.574 plazas, un 15,8 % más que en la OEP ordinaria de 2022, con las que se reforzarán las plantillas en distintos departamentos de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Montero ha asegurado que “se crea empleo neto”, superando la reposición de efectivos. La tasa de reposición ordinaria se estableció en el 110%, 120% para servicios prioritarios y 125% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La ministra también ha trasladado el siguiente desglose de plazas:

• Administración General del Estado: 29.818 plazas.
• Administración de Justicia: 1.907 plazas.
• Policía Nacional: 2.833 plazas (2.600 de nuevo ingreso).
• Guardia Civil: 2.875 plazas (2.520 de nuevo ingreso).
• Fuerzas Armadas: 2.141 plazas (aprobadas el pasado 3 de mayo).

Como novedad, la convocatoria de estas plazas tendrá que producirse antes de 31 de diciembre de este año 2023. Además, los procesos tendrán que estar concluidos en el plazo de dos años.

Otro de los objetivos principales de la OPE es mantener la temporalidad por debajo del 8% para estabilizar el empleo público y que este sea una referencia en el mercado laboral. La nueva Oferta de Empleo Pública incluirá 1.025 plazas correspondientes a la Seguridad Social para gestionar el ingreso mínimo vital (prestación estructural), 500 funcionarios de habilitación nacional y 2.500 plazas para entidades gestoras de la Seguridad Social para facilitar atención presencial y asistencia ciudadana.

Creación de empleo neto

Esta OEP, acordada con los sindicatos UGT y CSIF en el marco de la Mesa General de negociación entre sindicatos y Administración, implica el tercer récord consecutivo en número de plazas convocadas tras las de 2021 y 2022. Del total, 27.246 puestos corresponden al turno libre, destinado a quienes quieran incorporarse a la Administración. Sobre esa cifra, hay que resaltar que 18.621 puestos son para cumplir con la tasa de reposición y evitar la pérdida de personal, mientras que las restantes 8.625 servirán para crear empleo neto. Las otras 12.328 de la cifra total de la OEP serán para promoción interna.

Administración General del Estado

El grueso de los puestos ofertados corresponde a la Administración del Estado, para el que se contemplan 29.818 plazas, de las que 19.947 son de libre ingreso y 9.871 de promoción interna.

De ese total, habrá específicamente 709 para los Entes Públicos y 1.094 para los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. Otro número destacado son los 8.790 puestos en el subgrupo C1, que son casi el 40% del total.

Otras Administraciones y Cuerpos

Para la Administración de Justicia se incluyen 1.907 plazas, lo que supone que es la mayor oferta de los últimos 7 años, en el Cuerpo Nacional de Policía otros 2.833 puestos y para la Guardia Civil hasta 2.875. Otras plazas incluidas a destacar son 57 para personal docente, 66 para el personal INGESA o 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. Junto a lo anterior, cabe destacar que en el pasado mes de mayo ya se aprobaron 2.141 plazas para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Impulso al servicio esencial y la cohesión social

La atención a la ciudadanía de manera garantizada, la cohesión social y territorial y la innovación y digitalización son los ejes estratégicos de la OEP. Para dar cumplimiento a los mismos, más del 77% de las plazas se ofertarán con ese fin.

El mayor número corresponderán a los servicios esenciales y atención a la ciudadanía, que suponen el 44,18% de las plazas, para lo que se incorporará personal en los servicios de atención directa a la ciudadanía, el impulso a la industria de la cultura, la sanidad y vigilancia de la salud, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la reforma integral y modernización de la justicia.

Un 20,97% de la oferta está vinculada a la cohesión social y la igualdad de oportunidades, donde destacan las plazas para empleo público inclusivo. Por último, el 12,07% restante se volcará en la digitalización y la innovación, al contemplar los puestos correspondientes a cuerpos y escalas centrados en la transformación digital y el I+D+i.

Planificación estratégica

La OEP de 2023 está estructurada para el objetivo final de lograr una adecuada dotación de personal para los servicios públicos. Algo para lo que es clave la planificación estratégica de los recursos humanos, proceso que se consigue a través de varios ejes.

Estos son el avance en la creación de empleo neto, superando la reposición de efectivos, el refuerzo a la apuesta por un empleo estable y de calidad, la dotación a los nuevos servicios de personal suficiente y fomentar la atracción del talento y el desarrollo profesional de quienes trabajan en las AAPP.

El primero de esos ejes se ejecuta con la consolidación de la tasa de reposición, medida con la que se cubren la totalidad de las bajas producidas en el anterior ejercicio. Para lograrlo, a la tasa habitual del 100% se ha añadido un plus de reposición que hace que se cubran hasta un 20% más del total de las plazas que quedan vacantes. Un porcentaje extra que llega al 25% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las policías autonómicas y locales.

El segundo eje supone una dotación suficiente para dar respuesta a las nuevas funciones y competencias surgidas como consecuencia de la modernización de las AAPP. Habrá 2.500 plazas para oficinas de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con las que se impulsará la atención directa al ciudadano. Siguiendo esta línea, se incluyen 600 puestos para efectivos de los Cuerpos de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC) para profundizar en una transición digital que tenga en cuenta a las personas y se garantice una prestación eficaz del servicio público en esta etapa.

Otras 254 se repartirán entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

El tercer eje de este plan se centra en mantener el control sobre la temporalidad y que siga situada debajo del 8% en los departamentos ministeriales. Para que esa tasa siga por debajo de lo permitido, se incluyen 1.525 plazas con las que se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público.

Para la Seguridad Social serán 1.025, concretamente para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También habrá otras 500 correspondientes a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que servirán para reducir la temporalidad en esa especialidad.

El cuarto eje, dedicado a la atracción del talento, persigue incorporar a personas con un desempeño extraordinario y gran capacidad de trabajo a las AAPP a la vez que se garantizan los criterios de igualdad, mérito y capacidad para el ingreso en la Función Pública. Por eso habrá disponibles más de 27.000 plazas de libre acceso, lo que facilitará el relevo generacional y el rejuvenecimiento de las plantillas. Para facilitar ese desarrollo de los recursos humanos, este eje es el que contempla que se incorporen a las convocatorias de esta OEP las plazas que quedaran desiertas en los tres años anteriores.

La promoción interna también desempeñará un papel importante en ese proceso. En este caso, se habilita en la OEP mecanismos específicos para fomentar la participación en la misma. Por eso, se permite que las convocatorias para empleados y empleadas públicas que quieran cambiar de puesto puedan ser diferenciadas, se invita a fomentar las acciones formativas y se promueven medidas económicas para facilitar la preparación de la promoción interna.

Procesos selectivos

La OEP 2023 incorpora novedades muy relevantes para el desarrollo de los procesos selectivos que afrontarán los aspirantes a conseguir una plaza en las Administraciones.

Para empezar, la fase de oposición tendrá una duración máxima de nueve meses y estará compuesta por hasta cuatro pruebas. Esto se complementa con que todas las convocatorias deben ser publicadas antes del 31 de diciembre de 2023 y sus procesos selectivos completados antes de que pasen dos años, con el fin de dar mayor agilidad a todo el mecanismo para el ingreso de nuevo personal. Junto a lo anterior, se refuerza la descentralización de las pruebas en todo el territorio.