Según publican hoy medios como El Mundo, el Gobierno se comprometió ayer con los sindicatos a presentar este año la mayor oferta de empleo público desde antes de la crisis. Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Hacienda presentará este año una oferta de empleo público que excederá el 100% de la tasa de reposición en Educación, Sanidad y Justicia. Esto supone que, en estos sectores, no se producirá únicamente una sustitución de los trabajadores que se jubilen, sino que las contrataciones irán más allá de esta cifra. Y, además, este mismo sindicato señaló que “se establecerá una tasa de reposición de hasta el 50% en el resto de los ámbitos”. De esta manera, el Ejecutivo del Partido Popular planteará la que, sin duda, es la mayor oferta de empleo público desde que gobierna Mariano Rajoy y que sólo se ve superada por la que en 2008 llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más de 200.000 plazas en tres años

Tras la reunión que mantuvieron ayer representantes del Ministerio de Hacienda con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, todas las centrales coincidieron en que esta actuación es el primer paso de un ambicioso plan de al menos tres años mediante el que el Ejecutivo pretende reducir la alta tasa de trabajadores interinos presentes en las Administraciones Públicas, y que ha sido objetivo de crítica por parte de Bruselas. Según consta en la comunicación de CSIF, “el Ministerio de Hacienda planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% al 8%, en un plazo de tres o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia”. En este contexto, el Ministerio de Función Pública propuso, en ese mismo plazo de tres ejercicios, “la creación de 100.000 plazas fijas en educación no universitaria y de otras 100.000 en el Sistema Nacional de Salud”, según CCOO. A ello, habría que sumar la cifra correspondiente a Justicia, que no fue planteada por los representantes del Ejecutivo.

Esto significaría, por tanto, convocar en torno a unas 237.000 plazas en un plazo de tres años o más, cálculos que se extraen si se tiene en cuenta que la cifra actual de interinos en las administraciones públicas se sitúa en 395.000, según los últimos datos aportados por UGT. Eso sí, el Ejecutivo supedita esta medida a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

“En cualquier caso, se trata de unas cuantas decenas largas de miles de empleos”, estimó Frederic Monell, secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, que estuvo presente en la reunión pero no quiso dar una cifra exacta. Lo que sí calculó es que “si se quiere llevar la temporalidad a unos volúmenes manejables (en torno al 8%)”, se podría estar hablando de 140.000 plazas en sanidad (sector que tiene una tasa de temporalidad del 36,5%), más de 100.000 en enseñanza (con una interinidad que ronda el 25%) y también puestos en justicia (con casi el 24% de sus trabajadores sin contrato fijo) o dependencia, así como en otros ámbitos que ni siquiera se han podido hacer convocatorias, según explicó el sindicalista, que manifestó que precisamente “esto es lo que hay que ver en los próximos días”.

Lo que sí está claro es que se estaría hablando de la mayor oferta de empleo público al menos desde 2008, cuando estalló la crisis, más si se tiene en cuenta que desde 2011 hasta la actualidad la tasa de reposición ha estado congelada en la mayor parte de sectores, excepto en los considerados prioritarios, y teniendo en cuenta que desde ese año hasta 2016 los sindicatos cifran en más de 300.000 los empleos públicos destruidos, a los que habría que sumar los más de 230.000 trabajadores que se encuentran a las puertas de la jubilación y el hecho de que seis de cada diez superen los 50 años.

Tasa de reposición superior al 100%

El Gobierno, aunque en ningún momento ha dado cifras, sí se ha comprometido a que la oferta será superior al 100% de las jubilaciones en educación, sanidad y justicia y hasta el 50% en el resto de ámbitos. Es decir, que frente a los 14.600 empleos públicos destruidos en 2016 -según los últimos datos aportados por la EPA-, en 2017 las administraciones públicas volverán a crear empleo, siempre y cuando se aprueben las cuentas nacionales.

Fuentes: El Mundo y elcomercio.es