Según publica hoy el diario económico elEconomista.es, más de un millón de trabajadores del sector público en España, unos 1.050.000, deberán jubilarse durante la próxima década. Así se deduce de los datos de asalariados del sector público de 2023 que publicó el Instituto Nacional de Estadística, lo que obligará a las administraciones públicas a adaptarse a una nueva realidad laboral marcada por la renovación generacional.

Por ramas, las Comunidades Autónomas (CCAA) son las que mayor empleo concentran, con el 59% del total de trabajadores públicos que superan los 55 años; unos 622.000 trabajadores. Le siguen los entes locales y municipales con 215.000 trabajadores que dejarán de trabajar durante los próximos 10 años. Asimismo, la Administración Central y la Seguridad Social concentran aproximadamente 160.000 trabajadores. En el resto de las administraciones se concentran los 52.000 trabajadores restantes.

Del mismo modo, esta radiografía laboral también refleja una mayor presencia de mujeres, con los hombres representando el 42,7% de la fuerza laboral del sector público.

Los grupos de edad más cercanos a ese último día (de 65 a 69 años y de 70 en adelante), también son los que tienen una presencia más escasa. En esta situación quedan algo menos de 60.000 trabajadores; mientras que, en las escalas inferiores, de 55 a 59 años y de 60 a 64 años, se concentran 567.900 y 422.200 trabajadores, respectivamente.

Según relatan en la información publicada por elEconomista.es, desde la crisis financiera, la plantilla ha experimentado una disminución del 10% en sus miembros y se enfrenta a un desafío demográfico particular. El ministro Escrivá estima que cerca del 60% de la plantilla de la Administración Central se jubilará para 2032, lo que equivale a unos 100.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo.

El mercado laboral español enfrenta un déficit de inversión en capital humano, tanto en el sector privado como en el público, según informó el ministro Escrivá. A pesar de las ofertas récord de empleo público, la Administración ha experimentado una reducción del 10% en su plantilla desde antes de la crisis de 2008. El desafío es aún mayor debido a la evolución demográfica, que requiere que el personal funcione atienda a un número creciente de personas (2 millones más) y la emergencia de nuevos servicios y prestaciones.

El ministerio publica anualmente un estudio de envejecimiento: el 64% de la Administración tiene 50 años o más, más del doble que el total de asalariados (30%). La edad media del personal laboral roza los 52 años, mientras que el personal fijo tiene una media de 54,5 años.

Una de las medidas que Escrivá está considerando para equiparar los beneficios entre asalariados y funcionarios es la introducción de la jubilación flexible, para lo cual prepara incentivos que serán negociados con los agentes sociales. El ministro Escrivá planea expandir el catálogo de tipos de retiro disponibles en la Seguridad Social, mejorando las condiciones de jubilación anticipada, parcial, activa y demorada.

Proyecciones para 2032

Según el último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2022 y proyección futura a 2032, publicado por el Ministerio de Hacienda, relativo exclusivamente a la Administración Central, se prevé que habrá "una pérdida masiva de efectivos, con el 58,61% de la plantilla actual jubilada (97.027 efectivos). Por el contrario, permanecerán en activo 68.520 (41,39%), 59.653 efectivos de personal funcionario de carrera y 8.867 de personal laboral.

Enlace a la información completa publicada por elEconomista.es