A casi cuatro años de haberse comprometido con Bruselas a reducir drásticamente la temporalidad en el empleo público, España sigue muy lejos de cumplir ese objetivo. La situación ha alcanzado niveles preocupantes, con una tasa de contratos temporales que se mantiene en torno al 30%, muy por encima del límite del 8% comprometido en el Plan de Recuperación con la Unión Europea. Esto ha derivado en el inicio de expedientes sancionadores por parte de la Comisión Europea y en el riesgo de que España enfrente multas millonarias por el incumplimiento sistemático de la normativa comunitaria sobre estabilidad laboral.

Un problema estructural y persistente

A pesar de las reformas laborales impulsadas en el sector privado —donde la temporalidad ha bajado del 23,7% en 2017 al 15% actual— el sector público ha seguido engrosando sus plantillas con personal eventual. Sanidad y educación concentran las tasas más altas, con más del 50% de temporalidad en algunas comunidades, y justicia y enseñanza no universitaria rondando el 30-35%. En cambio, la Administración General del Estado mantiene cifras más bajas, con un 9,4%.

La UE exige medidas firmes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado recientemente que los interinos de larga duración deben ser considerados indefinidos, aunque no tengan plaza como funcionarios, al entender que la concatenación de contratos vulnera el derecho comunitario. Esta sentencia ha supuesto un duro revés para el Estado español, que hasta ahora defendía la necesidad de realizar procesos selectivos para otorgar la estabilidad.

Además, la Comisión Europea ha enviado dos cartas de emplazamiento al Gobierno, en las que reprocha la falta de medidas de protección para los trabajadores públicos temporales y el escaso cumplimiento de las directivas europeas. Las advertencias no han tenido el efecto esperado, y las administraciones públicas —especialmente ayuntamientos y comunidades autónomas, donde se concentra cerca del 90% de los incumplimientos— siguen generando nuevas plazas de carácter temporal.

Un nuevo régimen sancionador para evitar la multa europea

En un intento de frenar la situación y evitar sanciones, el Ministerio de Función Pública ha puesto en marcha una reforma exprés. Esta incluye un nuevo régimen sancionador para los gestores públicos que perpetúen la temporalidad, así como un sistema de alerta temprana que notificará el vencimiento de contratos para evitar renovaciones fraudulentas. También se plantea una definición más estricta de la “causalidad” en las contrataciones para impedir el abuso de figuras contractuales temporales.

El sindicato CSIF ha advertido que denunciará a las administraciones que incumplan la nueva normativa y ha pedido al Gobierno que elimine la tasa de reposición, un mecanismo vigente desde los años 90 que limita la contratación de nuevos empleados fijos, incluso cuando hay vacantes por jubilación. La falta de unos nuevos Presupuestos Generales ha impedido su supresión, a pesar de las promesas del exministro José Luis Escrivá.

Sistema de alerta temprana

El Gobierno proponer poner en marcha a comunidades autónomas y ayuntamientos un sistema de alerta temprana que avise al responsable de recursos humanos de que el contrato eventual en cuestión llega a su fin y poder sortear de esta forma una contratación en fraude de ley.