08/09/25
La Administración General del Estado (AGE) se enfrenta a un relevo generacional sin precedentes: casi la mitad de sus empleados/as se jubilarán en los próximos 10 años, lo que supondrá la pérdida de 89.690 efectivos, según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la AGE 2025 y proyección futura a 2035, elaborado por el Ministerio de la Función Pública.
Los datos muestran un panorama crítico:
La edad media del personal de la AGE es de 49,9 años, y el 57% tiene 50 años o más, frente a solo un 20% que es menor de 40. Aunque en los últimos años se ha registrado un ligero rejuvenecimiento, los expertos advierten que la tendencia general sigue siendo de envejecimiento acelerado.
Impacto en los servicios públicos
La reducción afectará de forma directa a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía. Áreas como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya han comenzado a sufrir los efectos de la falta de personal, con retrasos en la atención, largas colas y dificultades para gestionar nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital.
Opositar, una opción en auge
Este horizonte de jubilaciones masivas se convierte también en una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral. Un estudio elaborado por MAD y GAD3 revela que casi la mitad de las personas adultas en España (47%) considera las oposiciones como la mejor salida profesional. Actualmente, un 20% de los/as ciudadanos/as entre 18 y 65 años ya prepara una oposición, y un 27% se lo plantea a corto o medio plazo.
El interés es especialmente alto entre quienes tienen responsabilidades familiares (50%) y entre profesionales con entre tres y cinco años de experiencia laboral (60%); así como aquellos que valoran la seguridad del empleo público.
Oportunidad para los/as opositores/as y un reto de país
Este escenario de jubilaciones masivas se traduce en miles de oportunidades para quienes quieran preparar unas oposiciones. La reposición de plazas será imprescindible para garantizar la continuidad de servicios públicos clave como la Seguridad Social o el SEPE, que ya sufren la falta de personal, lo que obligará a replantear la gestión del empleo público en la próxima década.
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