Coincidiendo con el tramo final de la legislatura, el Gobierno tiene la intención de aprobar un alto volumen de leyes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (PGE). En total, se trata de 36 nuevas normas que atañen a las oposiciones de diferentes cuerpos.

Algunos de los afectados son los opositores de Auxilio, Tramitación y Gestión Procesal que han visto como ya este 22 de julio ha salido publicada la Ley Orgánica 7/2015  por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de vital importancia en las oposiciones de Justicia.

Además, hay que destacar también dos nuevos proyectos de ley que afectarán a corto plazo a las convocatorias de Xunta, tanto libres como de promoción interna, y a partir del año que viene a todos los procesos selectivos (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley del Régimen Jurídico del Sector Público).

Presupuestos Generales del Estado y elecciones

A principios de este mes de julio se iniciaba la tramitación de los PGE, por lo que se prevé que el Gobierno deje aprobado el anteproyecto el próximo viernes 31 de julio. Con esta fecha de arranque, probablemente el 4 de agosto se registrará en el Congreso y comenzará el trabajo en las comisiones. Se adelanta así en casi 2 meses la tramitación de los presupuestos, ya que la presentación habitualmente se realizaba a finales del mes de septiembre.

Teniendo en cuenta los ajustados plazos con los que cuenta el Gobierno, el proceso de aprobación de los PGE en el Congreso podría terminar a mediados de septiembre y a mediados de octubre en el senado.

Con la habilitación de los meses de julio y agosto, se daría margen para aprobar la Ley de PGE antes de disolver las Cortes Generales. Esta situación permitiría al Gobierno marcar las pautas económicas al siguiente Ejecutivo y a todas las personas interesadas en conocer la redacción del artículo 21 de la ley donde se establecen las pautas del Empleo Público para 2016 de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.

Este calendario obligaría a retrasar las Elecciones Generales al mes de diciembre, lo que es perfectamente compatible con nuestro marco legal. El mandato de las actuales Cortes Generales expira el 19 de noviembre, si no se disuelven antes. El Decreto de la convocatoria de las elecciones debe publicarse con un mínimo de 25 días antes del final de este mandato, por lo que la fecha máxima para la convocatoria es el 25 de octubre. Las elecciones deben celebrarse 54 días después, lo que nos lleva hasta el 20 de diciembre como fecha límite.

Con independencia de lo anterior, la fecha que se baraja para la celebración de las Elecciones Generales es el 13 de diciembre, esta fecha exige que la convocatoria se anuncie el 18 de octubre.

El Gobierno entiende como una responsabilidad dejar aprobados los PGE del próximo año antes de las elecciones, ya que teme un posible Parlamento fragmentado y sin mayorías claras, lo que podría obligar a prorrogar los presupuestos de 2016 a 2017 y, como consecuencia, a seguir limitando las Ofertas de Empleo.