El Consello da Xunta aprobó hoy el decreto de oferta de empleo público (OEP) de la Administración General de la Xunta para este año 2024, incluyendo las entidades instrumentales del sector público autonómico, que asciende a 1.973 plazas, de las que 637 de acceso libre, 300 plazas de promoción interna y 984 puestos para continuar con el proceso de funcionarización voluntaria del personal laboral fijo de la Xunta de Galicia. A esto hay que sumar otras 52 plazas para la promoción interna horizontal.
El decreto será publicado en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Acceso libre
Del total de las 637 plazas de acceso libre, más de 250 serán para los principales cuerpos y escalas de la Administración general.
Entre todas ellas destacan:
Más de 300 plazas son para escalas de la Administración especial, entre las que destacan:
Asimismo, se ofertan un total de 54 plazas de acceso libre en entidades del sector público autonómico.
Promoción interna
A las plazas de acceso libre se suman otras 300 plazas para la promoción interna del personal funcionario de carrera.
En concreto se ofertan:
Además, la oferta también recoge 52 plazas para la promoción interna horizontal, un sistema de promoción previsto para dar la oportunidad de funcionarizarse al personal laboral fijo que no cumple los requisitos de antigüedad previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 2/2015, de 29 de abril , del empleo público de Galicia, para acceder al proceso de funcionarización.
Funcionarización
Finalmente, se incluyen 984 plazas para continuar con el proceso voluntario de funcionarización del personal laboral fijo. A diferencia de la promoción interna, estas pruebas no tienen carácter competitivo, sino que permiten modificar el régimen jurídico del trabajador, que pasa de ser empleado laboral fijo a funcionario de carrera de la Administración.
Plazas reservadas para personas con discapacidad
La reserva de plazas para personas que acrediten discapacidad en esta oferta de empleo público consigue el 11,09% de las plazas. Una parte de ellas será para el acceso de personas que acrediten discapacidad intelectual. La reserva es mayor de lo que establece la legislación, que marca un mínimo del 7% para facilitar el acceso de la discapacidad a la función pública.
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